¿CAMBIO DE RÉGIMEN O DE GOBIERNO?
Con un sistema político como el mexicano, la alternancia político-electoral era prácticamente indispensable para hablar de democracia; resultaba imposible construirla sin el relevo de partidos. En este sentido tenían razón quienes planteaban como necesaria la alternancia. Sin embargo, para que la democracia se instale aquí, es necesario preguntarnos si nuestro sistema requiere de un simple cambio de gobierno o de un cambio de régimen.
La mayoría de los estudiosos coinciden en que un sistema está formado por actores: gobiernos, iglesias, organizaciones de toda índole, empresas, sindicatos, partidos políticos, cámaras, representaciones sociales como organizaciones no gubernamentales, organismos vecinales o de colonos o, simplemente, personalidades concretas, e instituciones: formales todo tipo de regulaciones, reglas, normas y leyes escritas y generales e informales valores, costumbres, actitudes sociales y prácticas comunes de toda sociedad.
Los actores se mueven y desenvuelven según los incentivos o restricciones que marquen las instituciones. Un ejemplo explicará mejor esta interacción, fundamental para el análisis de todo sistema.
Bajo un sistema con legislación demasiado burocrática, es probable que para poder resolver sus trámites, a un empresario se le «obligue» a cometer actos ilícitos; ya sea ingresando a la economía informal o corrompiendo a la autoridad con objeto de conseguir permisos y facultades para lograr su intención emprendedora. Evidentemente, esto conlleva altos costos sociales y económicos (y en algunos casos, políticos;para ese empresario, perder tiempo implica una erogación pecuniaria, mientras que si corrompe a la autoridad, se incurre en déficit por lo que toca al valor social agregado.
En una democracia, un cambio de gobierno consiste en el relevo de los mandos administrativos nacionales y no implica necesariamente renovar la estructura institucional. Pero un cambio de régimen sí supone reformar la organización y no siempre el relevo gubernamental.
Al iniciar esta etapa del sistema político mexicano, debemos considerar las posibilidades y necesidades que se plantean a actores e instituciones. Si la votación del 2 de julio representó un mandato social, el nuevo gobierno deberá considerar que la sociedad no sólo votó por un cambio de gobierno, sino también por el de régimen. Es muy difícil conocer las intenciones del electorado, pero fue indudable el rechazo al partido en el poder.
Al nuevo gobierno se le presentan dos opciones:
a) gobernar con la misma estructura institucional y correr el riesgo de practicar políticas públicas iguales, o
b) cambiar el régimen e impulsar modos distintos de gobernar. El reto no es sólo la eficiencia, transparencia y honestidad, sino transformar el régimen con todas sus implicaciones.
LA DEMOCRACIA NO ES UN LUGAR AL QUE SE LLEGA
La democracia es una aspiración permanente y no un lugar donde llegar, no sólo elecciones libres y transparentes, participación efectiva, igualdad de voto, conocimiento y cultura generalizada. Como decía Octavio Paz, es un método para resolver nuestros problemas. Es representación, inclusión, poliarquía, tolerancia y legalidad.
Muestras fehacientes de que persisten prácticas que rayan en la ilegalidad, con una visión política de suma-cero y una concepción del federalismo paupérrimo y convenenciero, son los casos de Tabasco y Yucatán. La democracia no se negocia ni sustenta en este tipo de prácticas.
La tan llevada y traída transición del sistema político mexicano no se explica sin tomar en cuenta los cambios estructurales en materia económica iniciados con Miguel de la Madrid. En 18 años se privatizaron miles de empresas estatales; se redujeron aranceles comerciales a niveles competitivos internacionales; la inversión extranjera ingresó a sectores tradicionalmente protegidos; surgió la Comisión Federal de Competencia para proteger las prácticas de libre mercado
En suma, México se liberalizó en materia económica, mientras que en el terreno político se emprendieron reformas para transparentar, eficientar y ciudadanizar los procesos electorales con la creación del Instituto Federal Electoral y las modificaciones a las leyes respectivas. La última, en 1996, redujo el margen de sobre-representación que siempre obtenía el partido ganador, de 15 a 7 puntos porcentuales, con un financiamiento sustancial a los partidos registrados. Cambiaron tanto instituciones como prácticas económicas, políticas y sociales.
Una explicación simplista diría que la alternancia se debió a que durante esos 18 años las reformas de las instituciones hicieron evolucionar a la sociedad. En efecto, hubo un impacto social, pero debe reconocerse el mérito ciudadano. De casi 100 millones de habitantes, más de 80% somos población urbana, lo que implica que estamos más y mejor informados, educados y demandamos otro tipo de gobierno. Hoy somos más abiertos y críticos.
En la discusión sobre la evolución de los sistemas siempre existirá el dilema sobre la causa del cambio: la sociedad cambia las instituciones o viceversa. Por ambas razones México es distinto ahora y, dejando de lado el hipotético dilema, lo cierto es que todo ello trajo nuevas conductas. La transformación es evidente y nos ha impuesto retos diferentes y tal vez espectaculares. Sin embargo, aún no es tiempo de suponer que ya hemos arribado al México que muchos anhelamos. Para lograrlo se requiere, sin duda, un cambio de régimen.
Toda evolución de un sistema supone, además de cambios marginales muchas veces imperceptibles para definir el inicio de la transición , cambios discontinuos, generalmente más fuertes y que representan un alto costo social, como las revoluciones o guerras civiles. El discontinuo no es viable ya que supone rompimiento; el marginal es el camino para el cambio de régimen en México.
De cara a la reforma del sistema, hay que apostar a la estabilidad, sólo alcanzable mediante reformas estructurales, así desecharíamos la estabilización producto de políticas públicas y que no siempre incide toralmente en cambios profundos y duraderos. No debemos olvidar que para estas reformas cambio de régimen es indispensable crear corrientes de opinión propicias, consensos mínimos que las impulsen y que suponen otras reglas de juego.
Parece una disyuntiva: nuevo régimen para construir la democracia o democracia para cambiar de régimen. Ni una ni otra, ambas. Es importante que todos los actores comprendan la dimensión del reto; una vez claro, resulta esencial entender que la única vía para resolver nuestros problemas y, paradójicamente, para no arriesgar la democracia, es ella misma.
Analizaremos los cuatro factores que determinan al sistema: económicos, sociales, políticos y culturales e ideológicos .
ECONOMÍA INCOMPETENTE Y PATERNALISTA
Los factores económicos recursos naturales, trabajo, capital, infraestructura física, tecnología incorporada, etcétera determinan, según su cantidad y calidad, los procesos que se generan: si son competitivos y productivos, suponen un sistema económico abierto; si no lo son, el sistema es cerrado. El caso mexicano fue paradigma de esto último.
Aunque en la constitución se hablara de economía mixta, el Estado la concentró hábilmente. El patrimonialismo del sistema obligaba a quienes deseaban generar riqueza a «compartir» con el Estado la rentabilidad de sus inversiones por medio de concesiones formales o, en el peor de los casos, a través del tráfico de influencias.
En el inconsciente social estaba grabada aquella sentencia del subsidio: con el Estado desde la cuna hasta la tumba. Una sociedad económica y un Estado proteccionista que fundaban su actividad en corruptelas con el afán de conseguir beneficios, siempre alienándose a la concentración del poder económico en colusión con el político. Un sistema que socializó costos y privatizó beneficios, diría Chomsky.
Las restricciones quedaban estipuladas por la capacidad de los empresarios para relacionarse con el poder; prácticas que dañaron la cultura empresarial y la sociedad toda. Para hacer negocios lo fundamental es hacer amigos, reza todavía hoy la conseja popular. Lo más dramático es la influencia de esta cultura del subsidio en la sociedad todavía práctica común en varios sectores económicos. Extirparla en el área económica representa un gran reto, pero si se logra reducirá costos de transacción y contribuirá a una cultura pro competitividad, que busque generar riqueza y no se fije sólo en el criterio distributivo.
EL FIN DE LA DICTADURA PERFECTA
Los analistas concuerdan en que el sistema político mexicano nace en 1929, con la fundación del PNR, un partido creado desde el poder instituido. Todos los factores políticos instituciones, situación del estado de derecho, mecanismos del ejercicio y transmisión del poder, etcétera fueron alineándose en el tiempo hacia la concentración del poder presidencial, de tal suerte que se diseñó un sistema cerrado: las instituciones fueron creadas a imagen y semejanza de un poder omnímodo.
El propio partido político diseñó diferentes organizaciones y membretes, según las preferencias y respectivas concesiones, para lograr el control político y social. En 1939, el PNR se convirtió en PRM y 7 años después en PRI. Su función era legitimar al gobierno en turno y ser canal de participación y cooptación política para quienes buscaban las migajas del poder y mantenían cierta disidencia con el régimen. Vargas Llosa lo calificó como la dictadura perfecta: un sistema que no era autoritario ni democrático, poseedor de esa rara virtud de saber castigar y premiar discrecionalmente.
Cuando se agotaron las diversas fuentes de recursos para financiarlo, el régimen no subsistió. En alguna época fue sostenido por deuda externa e interna y luego por un aumento irresponsable de circulante. Como estaba diseñado para que cualquiera recibiera los beneficios de pertenecer al partido, bastaba formarse en la ventanilla apropiada para conseguir los recursos esperados.
Mientras la política internacional estuvo ideologizada bajo el espectro soviético-estadounidense, el modelo pudo mantenerse. Cualquier país jugaba a la disciplina pro soviética o pro norteamericana, según los vínculos geopolíticos históricos o necesidades más apremiantes. Pero al caer el bloque comunista, Estados Unidos y sus legitimidades se impusieron en la nueva realidad internacional. El entorno de ese momento ya no exigía posturas de suma-cero, sino comportamientos y conductas económico-políticas integradoras, que modificaron radicalmente los financiamientos tradicionales de nuestro sistema.
El mundo demandaba cambios al interior de todas las naciones: democracia, respeto irrestricto a los derechos humanos, economías abiertas y globales, bloques económicos competitivos y justicia. Ello suponía para México que el Estado ya no sería el gran promotor del desarrollo, sino que la sociedad asumiría su responsabilidad en la cosa pública. El país tendría que generar por sí mismo sus recursos para el desarrollo, pero con un Estado obeso e ineficiente era imposible. Comienza entonces el adelgazamiento del Estado mexicano, se eliminan subsidios y empieza a privatizarse el sector paraestatal.
Para emprender esas reformas en el sector económico y político tradicional, hubo que modificar algunas instituciones. Esto representó pérdidas para el sector que acumulaba privilegios. Como la manera de cooptar a la disidencia o premiar la disciplina en el sistema era otorgar prebendas, los «perjudicados» políticos y empresarios tradicionales se resistieron al cambio. Hubo turbulencia al interior del sistema. Los afectados respondieron con el asesinato del cardenal Posadas en 1993, el levantamiento armado en Chiapas y los asesinatos políticos de 1994.
La macro devaluación de diciembre de 1994 es secuela de una serie de errores políticos y efecto acumulado de la turbulencia de los 18 meses anteriores a la crisis. El objetivo de los tradicionales era demostrar que el nuevo modelo y sus reformas no eran viables, no por inadecuado, sino simplemente porque mermaba sus intereses.
Por fortuna, el modelo no se modificó y, a finales de 1996, se emprendió una gran reforma electoral que fortaleció el sistema de partidos y la independencia de la autoridad electoral.
Los frutos no tardaron y, tras las elecciones intermedias de 1997, por primera vez en la historia el PRI fue minoría en la Cámara de Diputados. Esto contribuyó, adicionalmente, a crear una nueva relación de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Para fortalecer la democracia deben modificarse y perfeccionarse instituciones y todo tipo de mecanismos de poder o de rendición de cuentas. Ello significa cambio de régimen, no sólo de gobierno. Un gobierno distinto pero con el mismo diseño institucional tendería a repetir la ineficiencia del sistema: acumulando costos y sin generar valor político agregado.
Todo indica que la transición del sistema político mexicano es, como la han llamado algunos, de terciopelo. En términos relativos, los procesos económicos y políticos van a la apertura de sus respectivos ámbitos; sin embargo, el reto más importante cara al nuevo gobierno es la reforma social.
QUIÉN PAGA LOS PLATOS ROTOS
Los factores sociales tienen relevancia por sí mismos, muestran el devenir de nuestro sistema: estructura social, formación y vinculación de grupos, características demográficas, capital humano forman una película del país. En la sociedad recaen los efectos costos y beneficios de los factores políticos y económicos.
Los millones de pobres para algunos 40 y para otros hasta 60 son, sin duda, suficiente evidencia para afirmar que en México la democracia está en riesgo. Una democracia no permite la exclusión, la injusticia ni la marginación.
El analfabetismo y la pobreza media y extrema son efectos, el «problema causa» es la ineficacia en el sistema, acumulada por privilegiar las políticas públicas y no las acciones de reforma de fondo. Un ejemplo: hace algunos meses las lluvias provocaron graves daños en una comunidad cercana a la Ciudad de México. La reacción de las autoridades locales fue expedir cheques de 10 mil pesos para cada familia afectada. A nadie se le ocurrió solucionar el problema de fondo, como reubicar esos asentamientos lejos de cualquier cauce natural de agua.
En una sociedad donde las instituciones están diseñadas para acumular riqueza y comprar impunidad, la ilegalidad, corrupción y arbitrariedad hacen que los marginados paguen un costo muchísimo más alto que otros grupos. Con ese sistema, pobre de aquel pobre que tenga que ver con la justicia, porque seguramente no podrá salir del embrollo.
Fuimos educados en la cultura del subsidio y el resultado es una sociedad sometida a la autoridad y que, con el afán de conseguir más, toma actitudes chantajistas hacia los gobernantes para intercambiar votos y capacidad de movilización por prebendas económicas, desde una despensa o una rosca de reyes, hasta un permiso para un puesto de fritangas.
Para no arriesgar la democracia al momento de reformar instituciones o cambiar prácticas o conductas sociales, los actores deben considerar características demográficas, vínculos sociales y redes de comunicación y conocimiento, así como la formación y nexos de los grupos sociales. De no ser así, las potenciales reformas no rendirán los frutos esperados y contribuirán a aumentar el riesgo de perder los avances.
CAMBIO DE MENTALIDAD
La cultura y la ideología empapan la sociedad y fijan su rumbo: se consideran metafactores porque dan forma al resto de los elementos de un sistema.
De acuerdo a circunstancias históricas nacionales e internacionales, en México se han intentado politizar los otros tres factores políticos, económicos y sociales con cierto rumbo ideológico. Hasta hace muy poco, cualquier actividad gubernamental y privada debería llevar la etiqueta de nacionalista y revolucionaria. En alguna época, criticar al partido o a los políticos en el poder era sinónimo de apátrida y en los libros de texto oficiales, los villanos preferidos eran los empresarios, la Iglesia o los estadounidenses.
Todo sistema requiere construir su propia legitimidad. En México, muchos gobiernos la construyeron a costa de las supuestas agresiones estadounidenses; otros, con cargo al gobernante inmediato anterior; los más recalcitrantes encontraron en los dueños de los medios de producción el blanco perfecto para acrecentar su legitimidad. Todo se instrumentó con el fin de permanecer en el poder e innegablemente imprimió en la sociedad un sello ideológico y cultural que es, sin duda, el mayor obstáculo para que la transición llegue a buen puerto.
En el fondo de esa cultura no se encuentra un criterio de creación de riqueza, sino de distribución y reparto de la existente. Para acceder a niveles de desarrollo aceptable indudablemente nuestro esquema mental debe ser otro. Sin buscar paradigmas de ganar-ganar es imposible crear riqueza, pero no sólo en el sentido de acumulación material, sino también como recursos en los ámbitos político y social. Para crear esa riqueza en cualquiera de sus frentes es necesario un método: la democracia.
