A juzgar por las encuestas de opinión, la efervescencia política, la votación masiva y la más reñida competencia electoral de la historia política mexicana, la nación está en marcha hacia la democracia. Esperanzadoramente buscada por muchos, temerosamente rechazada por pocos, se abre paso, como única posibilidad para dar al nuevo gobierno una base de legitimidad y por tanto de viabilidad política y social. Sin un reconocimiento creíble y una representatividad efectiva, el espectro de la ingobernabilidad para el final del siglo XX mexicano, podría ser el triste colapso de una sociedad compleja, que no quiso o no supo resolver el problema de la convivencia, como presupuesto indispensable de un desarrollo social justo compartido por todos.
Un proyecto nacional de desarrollo debe sustentarse en libertad y responsabilidad. Políticamente, estos valores se expresan a cabalidad en la democracia como forma o sistema de vida social. Sin democracia no hay legitimidad, porque el supuesto de lo social está en la participación que supone el ejercicio real de la libertad, sin la cual la acción de las personas es imposible. Sentar las bases de un desarrollo sostenible es por ello más un asunto político que económico aunque en este campo sus repercusiones sean, a veces, dramáticas. No se trata sólo de poner las bases, sino de darle continuidad al progreso. El crecimiento sin bases no es sostenible. Y sin continuidad, es una tornadura de pelo. Por ello, la búsqueda y trabajo por la democracia no se agotaron el 21 de agosto.
UN DERECHO QUE SE GANA DIARIO
La democracia legitima gobiernos, les da garantía de solvencia porque entraña un enorme y profundo compromiso moral. La democracia supone partidos políticos, competencia electoral, discusión de propuestas y, finalmente, elección para designar a quien cumplirá la tarea. De ahí que, por encima del resultado, debemos centrarnos en el compromiso a cumplir y en los pasos para hacerlo efectivo. El compromiso democrático de un gobierno de elección popular es con la mejora efectiva de las condiciones de vida para todos. No consiste en la oferta concreta de un determinado partido, sino en las tareas para una mejora sustancial del bienestar para todos.
La legitimidad del gobierno para dirigir -que estriba en hacer bien las cosas- deriva generalmente en la lealtad del pueblo para con el gobernante, lo que a su vez lo hace más
representativo y legítimo. El derecho a ejercer el poder se gana se gana día a día, no con recursos retóricos sino con la elevación del nivel de vida. El cumplimiento de este compromiso consolida la democracia, que es opción de mejora constante, en la creencia de que todo es, esencialmente, perfectible.
La elección del gobernante es asunto de libertad ciudadana, pero la tarea del gobernante no es libre, sino que se dirige justamente a lograr el bienestar de los ciudadanos; si ellos mejoran, el gobierno se legitima; si ellos pierden, el gobierno debe responder. La democracia requiere consentimiento, no sometimiento ante la arbitrariedad.
¿MERO FORMULISMO?
El compromiso del nuevo gobierno tendrá que ser con la democracia. Establecerla es responsabilidad civil, consolidarla como sistema de vida y método para la toma de decisiones es tarea del gobierno. Esto sólo se logrará si el pueblo constata que la democracia no es mero formalismo sino sistema que distribuye las cargas y beneficios de forma equitativa y justa.
Con independencia de quien resultó ganador designado por el proceso electoral, el nuevo gobierno debe hacer frente a la corrupción que impide que los recursos lleguen a quien realmente los necesita; al elitismo que, como consecuencia de lo anterior, confisca la riqueza pública en beneficio de pocos; a la desigualdad crónica que no sólo no se atempera, sino que se profundiza con reformas económicas sin sustento democrático, es decir, creíble por el pueblo y sostenible en la realidad.
La tarea del nuevo gobierno encabezado por Ernesto Zedillo será hacer convincente la reforma económica, no por el abandono del sistema de mercado fundado en la libre iniciativa, sino por el propósito de hacer responsable al mercado de lograr un desarrollo compartido. Como presupuesto necesario se requiere asegurar que no habrá cabida al neopopulismo, más o menos nacionalista, y que se renunciará al expediente del engaño, que por otra parte ya no podrá sostenerse sin el recurso a la represión más violenta, con la posibilidad -lógica- del quiebre institucional del Estado y del Estado mismo.
UN FUTURO OPTIMISTA
La consolidación de la nueva administración pasará necesariamente por la garantía de un mercado abierto y eficaz económicamente, que sirva al consumidor de manera competitiva para que se genere capacidad de ahorro, inversión e innovación tecnológica como condición de un desarrollo sostenible. Garantía que no será eficaz si el gobierno no tiene una política clara y enérgica que impulse la promoción de capital humano que es, hoy por hoy, condición esencial que asegura un futuro optimista para México.
La reversión de la pobreza, de las desigualdades y de la desmoralización general requiere la inversión en capital físico pero, como ya expresé, preponderantemente en capital humano. Y esto porque el futuro del país está mucho menos en la inversión extranjera o en la suma de recursos naturales (que son abundantes), cuanto en el trabajo que es, en realidad, lo que incrementa el valor de las cosas. Es la acción del hombre sobre las cosas la que produce el enriquecimiento, al otorgarles una nueva utilidad, un nuevo valor, una capacidad de satisfacer o resolver necesidades o problemas que, por sí mismos, ni los recursos financieros ni los naturales tienen.
Crisis política, quiebre institucional, violencia regresiva o miseria no son destino inevitable para México. El compromiso democrático es con la gente, con su futuro, con lo que hace falta para desarrollar más, y más deprisa, el capital humano que todos tenemos. La democracia como sistema de vida, en lo que toca al gobierno, es el compromiso de potenciar las capacidades individuales -las que se tengan- mediante una acción subsidiaria, es decir de ayuda, de promoción e impulso, que permita el despliegue de la libertad individual.
