Democracia: ¿La octava maravilla?

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En sociedades con grandes problemas económicos y sociales, en las que amplios sectores de la población se sienten agraviados o desplazados, una democracia que no logra hacer cambios sustanciales en un plazo relativamente corto, corre el riesgo de ser superada por la masa que, al orientarse a soluciones violentas, desencadena una contrarrevolución que vuelve el problema político a su punto de partida: el acceso al poder por la fuerza.
La responsabilidad sobre un futuro político estable radica en los ciudadanos dispuestos a hacer de sus derechos y obligaciones el sostén de un régimen democrático. Ahí donde el individuo sostiene su derecho a participar, la democracia se consolida y permite la estabilidad política. La estabilidad significa que puede haber cambios o reformas importantes dentro de un régimen democrático sin cambiarlo.
La ineficacia de un gobierno –y existen datos contundentes– no perjudica al sistema democrático, simplemente propicia su salida más rápida y su sustitución por una nueva administración que se espera más eficaz.

Ética de la responsabilidad

El sentido práctico advierte que no es posible convivir, sin que se acepten las inevitables tensiones que de hecho se dan entre ideal y realidad. La ética en política permite, justamente, solventar diferencias, corregir asimetrías o equilibrar déficits para el mejor provecho de todos.
La política se define y practica a escala humana, sólo si deja de ser campo de choque de las fuerzas económicas o sociales, para derivar en una actividad plenamente dirigida por la razón. La ética aporta a la decisión pragmática el componente de racionalidad que la hace humana.
La democracia como sistema de vida o la democratización de la sociedad como solución a las contiendas por el poder, supone la aceptación de un doble juego: libertad y responsabilidad. En este sentido, la democracia supone la participación, y con ella la aceptación de la responsabilidad que toda decisión entraña. Por ello la transición hacia una mejor estructura política y social pasa necesariamente por la recuperación de la ética de la responsabilidad.
La responsabilidad es posibilidad de individualizar el derecho a la participación. Consiste en saber dar la cara, y asumir los propios hechos, lo cual es tanto como sentar las bases del conocimiento y de la información que, al fluir, permiten la dinamización de los procesos de avance o bien su crítica o reenfoque. La ética de la responsabilidad asegura la posibilidad de la participación, haciendo que los participantes tengan que justificar sus acciones, lo cual deriva en un sistema político que debe legitimar todas y cada una de las acciones de gobierno o de los grupos que impactan al bien general. La falta de legitimidad de las acciones descalifica, no sólo la acción misma, sino el derecho de la gente a participar.
La ética de la responsabilidad es la mejor promoción a la libertad, iniciativa individual o social y al derecho a emprender, pues no sólo no descalifica a nadie de antemano, sino que incita a todos a hacer uso de sus capacidades.
Es urgente –en lo político– la recuperación de una ética de la responsabilidad, pues el rezago en el desarrollo social trae como consecuencia que la fuerza del poder concentrado aplaste, en buena medida, la iniciativa de la sociedad. Para volverla a constituir o incluso darle vigencia por primera vez, es necesario que el sistema político se asiente en bases democráticas.
La ética de la responsabilidad es tanto más urgente cuanto que el futuro –en un mundo multirregionalizado o en proceso de globalización– radica en la posibilidad de mantener los valores que dan identidad y soporte a la actuación de los individuos. Y si bien es verdad que los valores no se crean en el terreno de la política, también resulta cierto que si no se ejercen en el campo de la política, no resultan socialmente vigentes. Su ausencia compromete el desarrollo personal de los ciudadanos, la meta de la actividad política como tal: la promoción de la libertad para la constitución de un bien público, es decir, para todos. Para todos y cada uno, y para el conjunto en cuanto tal.
Ética de la solidaridad
Una sociedad que va por la participación plural, y que por lo tanto rechaza la marginación y lucha decididamente contra la exclusión y los exclusivismos, favorece la igualdad de oportunidades y la responsabilidad personal. No conlleva el individualismo desfasado, sino que integra al hombre en solidaridad.
La ética de la responsabilidad desemboca necesariamente en la aceptación de que somos fiadores del bien ajeno. Para el hombre, la búsqueda del bien le apetece y atrae de tal modo que, al buscar el bien, encuentra al otro, hasta hacerse solidario. La solidaridad tiene el carácter de un vínculo social que establece una responsabilidad mancomunada; hacerse responsable de uno mismo es responder ante los otros y por los otros.
El principio de integración o de convivencia entre los hombres es el fundamento de la cohesión social, que a su vez permite la consolidación del bienestar de todos. La unidad de los individuos en razón de la naturaleza y del fin es, no sólo una garantía de eficacia en el manejo de los recursos (economía), sino una promesa o posibilidad de apertura y por lo tanto de realización del ser personal.
Una ética de participación necesariamente discurre hacia una ética de solidaridad. Participación y solidaridad no se resuelven en igualitarismo –por otra parte imposible– sino en la integración de todos: la ciudadanía. Ciudadanía que no es sólo membresía política, sino el hecho de ser parte, tanto para aportar como para recibir. Ciudadanía no como garantía de privilegios, sino como aseguramiento de deberes y compromisos contra la segregación y el aislacionismo.
La ética de la solidaridad lleva a desterrar la marginación social en cualquiera de sus formas –vivienda, educación, salud, empleo, etcétera– pues supone que a la diversidad de acciones y de cualidades corresponde una identidad fundamental que descalifica cualquier intento de hacer acepción de personas.
Ética del servicio
Tras la crisis del pensamiento modernista que aseguraba un crecimiento continuo, necesario e indefectible, urge a las sociedades actuales volver a definir el concepto de progreso social. Durante años, la idea del progreso social estuvo ligada al crecimiento del producto interno bruto, aunque con escasa distribución. La quiebra del Estado ratificó la inviabilidad de un modelo económico cerrado y totalizador, pues el proteccionismo –en lo que tiene de dominio de mercado– supone de antemano la descalificación económica por incompetencia.
En términos que pueden parecer rudos, se puede decir que ningún sistema económico puede ser competitivo si carece de rivalidad. Rivalidad que no es guerra comercial por el dominio del mercado, sino apertura a la participación. La libre concurrencia, no sólo como posibilidad sino como realidad –sistema de competencia o mercado–, asegura el despliegue de la creatividad, el avance en las soluciones y la eficacia en la asignación de recursos.
La elección de un sistema de mercado, no significa por otra parte que todo y todas las circunstancias tomen como referencia al mercado. Hay cosas que no están, ni pueden estar en el mercado. Tienen valor, pero no tienen, y tal vez no deban tener, valor de mercado. La cuestión se puede plantear sencillamente así: ¿cuáles son los bienes susceptibles de estar en el mercado? La ética del mercado debe empezar por delimitar su campo: no todo está en el mercado, y por lo tanto, imponer los criterios del mercado a todas las actividades humanas es un totalitarismo económico inconducente con la ética de la responsabilidad y de la solidaridad.
La economía de mercado supone la participación y el rechazo del dominio monopólico, es por ello que su vigencia asegura o pide, al mismo tiempo, la democratización. El modelo social integrado que supone la recuperación de la ética en un sistema democrático, evita tanto la tiranía de las masas como la generación de una jerarquía única reguladora del dinero, del poder político o de cualquier otra fuente de influencia, como puede ser la educación.
Una sociedad solidaria, en una economía de mercado, busca más la equidad que la igualdad. Rectifica las leyes de la oferta y la demanda cuando esto resulta ser más justo. En la producción, su meta no es sólo eficacia sino producción oportuna, es decir, la oferta adecuada para satisfacer las concretas necesidades del momento. Hace de la prerrogativa del servicio, la justificación de la ganancia, y denuncia la inversión de estos valores. Acepta las diferencias, que según el caso considera como oportunidades o ventajas, o bien peligros o amenazas, de ninguna manera como barreras infranqueables.
Liderazgo: hablar con la verdad
La consolidación de un régimen democrático depende mucho del nivel ético de sus líderes. El liderazgo en una sociedad abierta no radica en el hombre de vértice, sino en todos aquéllos cuya responsabilidad es estímulo para la acción de los demás. En la sociedad democrática, el liderazgo se obtiene por servicio. Resulta ser una cualificación no buscada del cumplimiento de un deber para consigo mismo: la comprometida respuesta personal a las diversas interpelaciones de la vida humana. El liderazgo por servicio no surge del escalafón, ni es producto del efecto de catapultarse en la pirámide del poder, con técnicas por lo demás ya denunciadas desde el totalitarismo nazi de la propaganda.
Ante la imposibilidad de una solución completa y universal de los problemas sociales por la vía democrática — que no llega ni rápido ni fácilmente–, los líderes políticos y sociales han de convencer a los ciudadanos del valor que, por sí mismas, tienen las libertades recuperadas; de la importancia de la seguridad frente al poder arbitrario anterior; de la ventaja que supone en todos los órdenes, la alternancia pacífica de los gobiernos. Pero han de tener, también, el valor de decir que la catastrófica acumulación de errores, impide superar de una vez por todas el legado de la falta de ética y participación.
Los líderes democráticos deben evitar el peligro de hacer una propaganda excesiva de la democracia. Su tarea consiste en evitar la ensoñación de que el desarrollo es posible de pronto y totalmente; de ahí que tengan que moderar los ímpetus y las expectativas. Si quieren transformar a sus países, han de fomentar las esperanzas en que una sociedad libre y autónoma, liberada de un poder autoritario y amenazante, puede encontrar rutas más seguras y confiables para el desarrollo equitativo de todos.
Los líderes tienen la dura pero ineludible tarea –que salva a sus países del populismo– de decir a la gente que con la democracia no mejorará inmediatamente la economía; que sin unos cambios económicos –con su correspondiente plazo para la consolidación– no se llegará al cambio social, y por tanto a la realidad de una mayor justicia para todos, con una equitativa participación en el desarrollo en todos los órdenes.
Es posible y realista considerar que con el advenimiento de un régimen democrático algunas cosas mejoren, pero es fundamental para el futuro del país dejar sentado con toda claridad, de manera que nadie se llame a engaño, que el progreso de una sociedad no es resultado de la actuación del Estado, que no existe el mejor gobierno posible que cambie el atraso por el desarrollo sin el esfuerzo de sus gentes. La mejoría de las condiciones de vida depende siempre del esfuerzo de la sociedad en su conjunto; convocarla a través de la llamada a vivir éticamente, en los tres aspectos mencionados –responsabilidad, solidaridad y servicio–, es precisamente la tarea de los gobiernos democráticos.

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