Invertir en Bolsa con criterios éticos y sociales
Una nueva tendencia en los fondos de inversión
Manuel López Martínez
El mundo de la Bolsa es para muchos el paradigma del capitalismo salvaje y la especulación, donde sólo tienen cabida criterios de rentabilidad. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado notablemente el número de personas que a la hora de invertir tienen también en cuenta criterios éticos y sociales. Valores como la solidaridad, el respeto al medio ambiente o la política laboral parecen haberse colado por la puerta de atrás en Wall Street.
Los últimos informes sobre las tendencias de inversión en los Estados Unidos han demostrado que los inversionistas en Bolsa, y en general en todos los mercados financieros, no se preocupan únicamente de cuántos beneficios obtienen sus empresas y, en consecuencia, de cuántos rendimientos obtienen sus acciones. También existe una preocupación creciente por saber cómo se obtienen esos beneficios.
En los últimos años se ha multiplicado el número de bancos de inversión y agencias de valores que ofrecen a sus clientes asesoramiento sobre el comportamiento ético y social de las empresas en las que están invirtiendo. También se ha multiplicado el número de fondos de inversión llamados «sociales» porque se comprometen con sus inversionistas a no invertir en empresas que, por ejemplo, produzcan armas, financien clínicas abortistas o tengan fábricas en países del Tercer Mundo en los que se utiliza a niños como mano de obra.
Cuando surgieron los cuatro primeros fondos de inversión de este tipo en 1974, todos juntos gestionaban únicamente 18.6 millones de dólares en Estados Unidos. En la actualidad existen 144 fondos que invierten únicamente en empresas que se atengan a determinados criterios éticos, ecológicos y sociales, y gestionan un total de 96,000 millones de dólares. El aumento vertiginoso se ha producido en los últimos años, ya que en 1995 estos mismos fondos gestionaban únicamente 12,000 millones.
NO SÓLO EL BENEFICIO MUEVE AL HOMBRE
Además, otros muchos fondos de inversión —aunque no inviertan únicamente en este tipo de empresas— utilizan unos filtros (screens) para evitar invertir en empresas que comercialicen determinados productos, realicen prácticas discriminatorias o de explotación de los trabajadores, etcétera. En total, los fondos depositados a través de estos criterios de filtrado suponen 9% del total invertido por los estadounidenses en el mercado de valores.
Como consecuencia de todo ello, los profesionales del mundo de la Bolsa toman en cuenta que no todos los inversionistas se acomodan al molde del homo œconomicus, que rige sus decisiones solamente por criterios de beneficio económico, sino que un gran número de personas se ajustan más bien al modelo que ha venido a denominarse «inversionista social o ético».
Y es que, como la antropología cristiana ha enseñado siempre y la doctrina social de la Iglesia defiende, el hombre es un ser complejo que se mueve por múltiples intereses y no únicamente por móviles económicos, contra lo que mantienen corrientes economicistas y marxistas. De este modo, por muy grandes que sean los beneficios, un pacifista no está dispuesto a invertir en acciones de empresas que comercializan armas; o un judío, en ciertas empresas árabes de Oriente Medio. Ahora, importantes estudios económicos de las tendencias inversionistas en Estados Unidos han demostrado que los inversionistas adoptan sus decisiones en función de múltiples motivaciones y no únicamente para maximizar los beneficios financieros[1].
Por ello, algunos brokers han empezado a utilizar la distinción entre «inversionista social» e «inversionista económico». Sin embargo, esta distinción no es una división tajante, y puede decirse que no existe ninguna de las dos figuras en estado puro. Por un lado, es obvio que el inversionista social también busca beneficio económico; de otro modo, la propia idea de inversión perdería su sentido. Y por otro lado, tampoco el inversionista económico está dispuesto a aumentar sus ganancias a cualquier precio; de lo contrario, como ha señalado Richard A. Posner —uno de los principales exponentes de la corriente del Análisis Económico del Derecho—, si se consideran únicamente criterios iuspositivistas y de maximización de beneficios, se podría justificar la inversión en empresas que utilizan esclavos en aquellos países donde la esclavitud está permitida legalmente[2].
EXIGIR TRANSPARENCIA A LAS EMPRESAS
En todos los países, la regulación jurídica de los mercados de valores está orientada a que los inversionistas puedan disponer de una información veraz y completa para adoptar sus decisiones. Brandis —uno de los padres de la Securities Act, actual ley bursátil estadounidense diseñada tras el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929—, al referirse a la importancia de la transparencia informativa en los mercados de valores, decía que «la luz del sol es el mejor desinfectante».
Con este criterio, la legislación exige a las empresas que cotizan en Bolsa que hagan pública una gran cantidad de información. Así, por ejemplo, la Ley Española del Mercado de Valores (1989) exige a las empresas que publiquen un folleto informativo cada vez que realizan una emisión de acciones o una oferta pública (OPAs y OPVs), además de informes trimestrales y anuales, comunicación de hechos significativos, etcétera. Tradicionalmente, el contenido de esta información es mayoritariamente financiero, porque se entiende que el inversionista únicamente está interesado en este tipo de información para adoptar sus decisiones de inversión.
Sin embargo, a lo largo de la década de los 70 algunos grupos de inversionistas en Estados Unidos comenzaron a reclamar que se obligara a las empresas cotizadas a facilitar también información sobre el contenido ético de sus actividades y las repercusiones sociales y ecológicas de sus políticas. La Securities and Exchange Commission (SEC), agencia federal encargada de supervisar la actuación en los mercados financieros, rechazó estas peticiones. La SEC señaló entonces que la ley sólo obligaba a las empresas a hacer pública aquella información que se pudiera considerar relevante para tomar la decisión inversionista, y que la información de contenido ético o social no era relevante para la mayoría. Del mismo modo, algunos tribunales federales rechazaron la propuesta de un grupo de accionistas de la empresa química Dow Chemical de incluir en la información destinada a los accionistas si se prohibía o no la venta de gas napalm destinado a ser usado en la guerra de Vietnam.
LO QUE LOS INVERSIONISTAS QUIEREN SABER
Ahora, con base en el importante crecimiento del número de inversionistas interesados en regir sus inversiones por criterios éticos y sociales, la profesora Cynthia A. Williams, en un importante artículo publicado en la revista de Derecho de la Universidad Harvard, ha reclamado que la SEC ejerza sus potestades legales para exigir a las empresas norteamericanas transparencia en este tipo de cuestiones[3].
La profesora Williams sistematiza la información ética y social que interesa a los inversionistas. Primero, debe exigirse a las empresas transparencia sobre qué tipo de productos y servicios comercializan o financian. En segundo lugar, debe hacerse pública la política de la empresa en materia de condiciones de trabajo, tanto en el propio país como en otros países donde la empresa se haya establecido (para cerciorarse de que no se utiliza mano de obra en condiciones de semi-esclavitud en países del Tercer Mundo, de que no se discrimina a trabajadores, etcétera.). También deben publicarse las acciones emprendidas por la empresa para proteger el medio ambiente, así como las contribuciones a determinadas campañas políticas. Por último, debe existir transparencia en las aportaciones entregadas a obras de beneficencia, organizaciones no gubernamentales, etcétera.
En resumen, la profesora Williams viene a remarcar que al inversionista no sólo le interesan los hechos que puedan tener una repercusión negativa directa en los beneficios de la empresa, como pudieran ser las eventuales sanciones derivadas de actividades ilegales (el llamado riesgo legal de la actividad de la empresa). A los inversionistas les interesa también conocer aquellas actividades de la empresa que, aun siendo legales, son reprochables desde el punto de vista ético, por ejemplo, la comercialización de pornografía.
INICIATIVAS DE LOS PROFESIONALES DE LA BOLSA
La reacción de los profesionales del mundo de la Bolsa no se ha hecho esperar. Para responder a estas inquietudes, se ha multiplicado la oferta de fondos de inversión «filtrados» ética y socialmente. También han surgido agencias de valores que ofrecen servicios de asesoramiento especializado para aquellos inversionistas que deseen guiar sus inversiones por criterios de este tipo.
Por su parte, una empresa privada llamada Agencia de Acreditación de Prioridades Económicas se encarga de estudiar el contenido social y ético de las actividades de las empresas que cotizan en Bolsa, y emiten un criterio según un índice normalizado que se denomina Social Accountability 8000, similar a los índices financieros utilizados por los bancos de inversión para juzgar la rentabilidad y proyecciones económicas de las empresas cotizadas[4].
El interés de los inversionistas por la actitud ética de las empresas también ha tenido su reflejo en la gestión de las propias sociedades cotizadas. Cuando una actividad desarrollada por la empresa es ética o socialmente reprobable y este hecho trasciende a la opinión pública, no sólo cae el precio de cotización de las acciones de esa sociedad, sino que también disminuyen las ventas y los beneficios. Por ello, los managers de las grandes sociedades cotizadas han caído en la cuenta de que, aun desde una perspectiva estrictamente económica, es importante cuidar la conducta ética.
DENTRO Y FUERA DE CASA
Los inversionistas y consumidores están también atentos a la actividad de las empresas más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Un buen ejemplo de ello son los repetidos casos de escándalo por las condiciones de trabajo de los empleados de factorías norteamericanas en países del Tercer Mundo, las denominadas sweatshops. Debido a este seguimiento por inversionistas y consumidores, conocidas multinacionales de equipamiento deportivo han tenido que modificar sus políticas de empleo y establecer controles para asegurar el respeto a los derechos básicos de los trabajadores en países del Tercer Mundo.
Así, Adidas tuvo que rectificar sus prácticas tras la publicación por el Wall Street Journal de un artículo en el que se alegaba que la empresa utilizaba a prisioneros en campos de concentración de China como mano de obra para fabricar balones de futbol[5]. De mayor calado fue la crisis de Nike. En 1998, tras descubrirse las condiciones de semi-esclavitud en las que trabajaban niños en sus plantas en Indonesia y Vietnam, las ventas de la empresa cayeron 69%, por lo que Nike se vio obligada a fichar a un importante ejecutivo de Microsoft únicamente para controlar la ética de sus políticas de empleo, y lavar así su imagen pública[6].
No puede concluirse, sin embargo, que la preocupación de los inversionistas sirva solamente para penalizar a los empresarios deshonestos, sino que, como la práctica ha demostrado, también ha servido de estímulo para las empresas que guían sus actividades por altos criterios éticos y sociales. Así, recientes estudios económicos muestran que las empresas que ponen en marcha acciones para mejorar la calidad del medio ambiente son premiadas por los inversionistas, quienes hacen subir la cotización de estas acciones entre 2% y 8%[7].
Este cambio de actitud por parte de los inversionistas estadounidenses ha transformado el panorama de Wall Street, que parece estar dejando de ser una selva en la que vale todo, para convertirse en un espacio más humano en el que tienen cabida la ética y la solidaridad. Quizás es todavía pronto para lanzar las campanas al vuelo. Pero, también, no hace tantos años la preocupación por la salvaguarda del medio ambiente parecía algo ajeno a los criterios económicos, y hoy cualquier empresa se empeña en demostrar su respetabilidad ecológica. ACEPRENSA
[1] Daniel J.H. Greenwood. «Fictional Shareholders: For Whom are Corporate Managers Trustees». Southern California Law Review, vol. 69 (1996), págs. 1021 ss.
[2] Richard A. Posner. The Problems of Jurisprudence. 1990, págs. 275-382. El ejemplo de la esclavitud puede parecer extremo; sin embargo, la esclavitud existe en países como Burma, por lo que el gobierno norteamericano ha prohibido la inversión en este país.
[3] Cynthia A. Williams. «The Securities and Exchange Commission and Corporate Social Transparence», Harvard Law Review, vol. 112 (1999), págs. 1197 ss.
[4] Para informarse de todos estos nuevos servicios prestados por instituciones financieras norteamericanas puede consultarse la página web del Foro de Inversiones Sociales: http://www.socialinvest.org.
[5] Craig S. Smith. «For Adidas, China Could Prove Trouble». Wall Street Journal. 26 de junio de 1998, pág. A13.
[6] Bill Richards. «Nike Hires an Executive from Microsoft for New Post Focusing on Labor Policies». Wall Street Journal. 15 de enero de 1998, pág. B14.
[7] Claudia H. Deutsch. «For Wall Street, Increasing Evidence that Green Begets Green». The New York Times. 19 de julio de 1998, pág. M&B 7.
