¿Tienen los Estados un derecho soberano y absoluto para cerrar sus fronteras y decidir cuánta gente entra? O, por el contrario, ¿tienen la obligación de aceptar, sin más, a cuanta persona quiera o necesite entrar? La dicotomía se antoja insalvable; una respuesta afirmativa a ambos planteamientos, difícil de conciliar.
Se trata de realidades que entran en colisión, como dos corrientes submarinas que se encuentran y hacen estallar una ola. En la mar, sin embargo, la ola cae de nueva cuenta al universo marino que la acepta, absorbe y acomoda. En la migración, las olas son de gente; las corrientes que chocan son un incierto deber de hospitalidad solidaria y el necesario poder soberano del Estado.
EL CAPITAL, GOMA Y LÁPIZ DE LAS FRONTERAS
Las fronteras políticas trazadas por la historia el poder y sus luchas, tan rígidamente defendidas por los países y sus líderes en los siglos XVIII, XIX y XX, parecen ahora, en los albores del nuevo siglo, meros trazos de carbón sobre cartulina blanca que se eliminan poco a poco con cualquier goma de borrar. Las líneas fronterizas se han ido extinguiendo de alguna forma por los vínculos políticos y económicos de este nuevo mundo. Pero sucede algo similar que con la línea del lápiz en la cartulina: para eliminarla en su totalidad hay que tallar fuerte con la goma o realizar con una tinta más penetrante un nuevo trazo que cruce perpendicularmente el anterior.
En este nuevo panorama mundial, esa tinta fuerte se llama economía. Triste realidad, dolida queja: sólo las grandes corporaciones económicas y su gente son acogidos como «propios» o «nacionales» en todas partes de este mundo globalizado.
En efecto, la globalización que ahora vivimos [1] ha sido el fruto y paraíso de las economías fuertes: públicas y privadas. Los dos fenómenos fundamentales generados por la globalización reducción de distancias y virtualidad de las fronteras dan pie al jugoso beneficio de comerciar internacionalmente con todo tipo de bienes (culturales, sociales, materiales, etcétera).
Esto es una realidad para los Gates (Microsoft), para los Slims (Grupo Carso), para los Waltons (Wal-Mart), pero no para los Manueles que emigran de Tlaxcala a California, los Juanes que dejan Nicaragua por Costa Rica, las Tanjas que emigran de los Balcanes al Reino Unido, los Karims que van de Marruecos a España, o las Huasque lo hacen de China o Indonesia a la lejana Australia. Y es que ya no son sólo los países (como entidad política soberana) los que deciden o regulan las movilizaciones de personas, servicios y capitales. Ahora también el capital detenta el poder. Resulta alarmante, o al menos sorprendente, percatarse, por ejemplo, que de las 100 economías más fuertes 51 sean empresas y 49 países. Y es más alarmante aún que las ventas de cada una de las cinco empresas más grandes del mundo sean superiores al PNB acumuladode 182 países [2] : es el reinado de las corporaciones, la oligarquía de los empresarios, la concupiscencia de los políticos que se vuelven inversores.
Las fronteras se abren en función del grosor de la cartera. Desafortunada paradoja: entre más se acercan los mundos de los poderosos, más se alejan los mundos de los desgraciados. Ante esta realidad, urge replantear el papel del Estado y sus deberes en función de los mandatos de la humanidad. Además, es preciso que los sectores público y privado poderosos y débiles, agraciados y desvalidos, los de en medio, de arriba y de abajoadmitan sus responsabilidades y enfrenten con entereza y generosidad el reto de este nuevo siglo que presenta situaciones dramáticas.
POR UNA MÍNIMA ESPERANZA
Hace algunos meses en San José de Costa Rica, bajo la lluvia interminable del curioso verano tico, una fila también interminable de gente esperaba a que se abriera una pequeña puerta color madera. El taxista respondió a mi asombro: «son los nicas mae, buscan papeles». Luego de investigar acerca del fenómeno, me enteré que de los aproximadamente 4 millones de habitantes que tiene Costa Rica casi la cuarta parte son ilegales y vienen de Nicaragua. El 17 de mayo pasado, según dice la prensa [3] , arribaron a Chiapas dos embarcaciones que detuvieron patrullas estadounidenses auxiliadas por la Marina mexicana. Como tantos paisanos nuestros, 530 extranjeros hacinados, casi todos ecuatorianos, buscaban llegar al norte, al sueño americano. Según datos del Consejo Nacional de Población [4] , para el año 2000 habían emigrado a Estados Unidos alrededor de 8.5 millones de mexicanos, lo que equivale a casi tres cuartas partes de la población total de la República Mexicana en 1895 o, en términos actuales, un poco más que el total de habitantes de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas en conjunto [5] .
De acuerdo con cifras de la ONU, más de un billón de personas viven hoy en probreza absoluta [6] ;esa condición en la que ya no importa nada, ni la nada existe, en la que la vida se apuesta por una mínima esperanza. Es la situación de tantos paisanos «mojados» pero, ¡hombre, no nos alarmemos, sólo son 1,573 muertes de indocumentados tratando de cruzar a Estados Unidos en el período 1998-2001 [7] !
Tristemente, esto no es lo más grave. Ya muchas voces autorizadas han denunciado que la globalización económica genera, más que ninguna otra causa, un enorme desplazamiento social a la par del crecimiento exponencial de la brecha que separa al rico del pobre. Para muestra un botón. Según datos del INEGI, 52.25% de los ingresos totales generados en México va a parar a los bolsillos de 2.31% de la población del país el estrato socioeconómico más alto; en tanto que 30.24% de la población el sector más oprimido, recibe tan sólo 2% de dichos ingresos [8] .
Pero no quiero sonar a francotirador o quejumbroso rutinario y sin sentido. No se trata de criticar sin discriminación ni adoptar posiciones de principio respecto de un modelo político-económico u otro. Pretendo, más bien, señalar realidades innegablemente graves y proponer algunas líneas de solución, al menos desde el plano imaginativo y axiológico.
DERECHO DE GENTES
La migración per se no es mala ni buena, ni un fenómeno exclusivo del sur o de los países más pobres [9]. Lo preocupante son sus causas y consecuencias, y la manera de afrontarlas. Y es así que volvemos al planteamiento formulado al inicio del texto.
Los Estados tienen, efectiva y jurídicamente, un deber de hospitalidad; pero no es absoluto ni beneficia a cualquier persona, sólo a quien pueda ser calificado como refugiado, y no necesariamente implica a) trato idéntico al de los propios nacionales ni b) posibilidad de asentamiento definitivo en el Estado receptor.
La definición jurídica de refugiado es sin duda alguna amplia, pero excluye a los lastimados migrantes económicos. Según la Convención de Ginebra, un refugiado es «cualquier persona que tiene un fundado temor de ser perseguida a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política; y que al encontrarse fuera del país de su nacionalidad no puede o no quiere, debido a ese temor, acogerse a la protección de su país».
[10] El deber de los Estados de no cerrar las fronteras ni expulsar a los refugiados, de protegerlos y en algunos casos ofrecerles una reubicación definitiva dentro de su territorio [11] , tiene fuerza jurídica indiscutible. En estos casos, a la par del poder soberano estatal coexiste un deber jurídico de hospitalidad [12] . Por tanto, la dicotomía planteada al inicio resulta conciliable: el derecho de gentes la resuelve.
Sin embargo, ese derecho no se extiende a los millones de seres humanos que dejan familia, casa y tierra en búsqueda de un lugar donde conseguir trabajo para ganarse el pan. Así, los braceros en Arizona, los suazilandeses en Sudáfrica, los guineanos en España, los guatemaltecos en Chiapas, no cuentan con la protección jurídica que con todo y sus bemoles, y a manera de barrera al ejercicio soberano estatal, ofrece el Derecho Internacional para los refugiados.
Y es éste el tema que más preocupa. Comparemos cifras: dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que actualmente existen alrededor de 22 millones de personas en el mundo que se califican como refugiados [13] .
Para ellas sí hay toda una maquinaria de protección. El número es aterrador y sería enfermizo sostener lo contrario. Pero también es alarmante que tan sólo los migrantes económicos de México hacia Estados Unidos alcancen casi la mitad de esa cifra [14] y para ellos no exista cobijo. El sistema internacional de protección de los derechos humanos indudablemente protege a cualquiera persona (se trate o no de un refugiado en el sentido técnico jurídico del término), pero al parecer carece de mecanismos que garanticen la entrada y permanencia segura de los migrantes económicos a los países más pudientes.
HUMANIZAR LA GLOBALIZACIÓN
Por ello, urge que mentes creativas y espíritus emprendedores consigan que en la reglamentación jurídica internacional se de cabida a la solidaridad humana, los mandatos últimos de la dignidad del hombre, las exigencias primeras de su naturaleza y la realidad propia de su ser; que al hombre, y no a un desvirtuado concepto de Estado, se le reconozca sin más reparos el lugar central que siempre ha debido ocupar en las relaciones internacionales. Que surja un verdadero deber jurídico, no sólo moral, a cargo de los Estados para recibir y no expulsar a los migrantes económicos en un marco que respete las necesidades de cada país y no decline el bienestar de los propios ciudadanos.
Es preciso que las mentes más agudas del gobierno y la empresa entiendan de una vez que o la globalización económica derrama sus beneficios para todos, o terminará por no derramarlos para nadie; que es preciso ajustar las realidades políticas y económicas a las realidades humanas, no a la inversa, y que para ello es necesario admitir y enfrentar las causas y consecuencias de la migración económica.
Sólo en la medida en que los países más ricos reconozcan y respeten una obligación solidaria y no sólo hospitalaria a su cargo y en beneficio de refugiados y migrantes económicos, será posible la convivencia pacífica del futuro.
En el extremo más cínico o simplista del argumento, es absurdo negar que la floreciente economía de muchos países y empresarios se debe a la fuerza laboral de los marginados; muchos de ellos migrantes económicos. Tratar bien a los empleados es conveniente para obrero y empleador, sea este último un país o una empresa.
En el fondo, se trata de humanizar la globalización. Esa es la tarea.
Quienes conocen de manera directa por las tareas que desempeñan el drama de la miseria que ha traído consigo la globalización deshumanizada, tienen la entereza de denunciarlo sin reparos:
“En medio del egoísmo exacerbado y la sociedad materialista de la actualidad, urge buscar la «revalorización de lo humano y lo humanitario». El aumento de la competitividad económica se ha hecho acompañar del crecimiento de la pobreza y el endeudamiento; la apertura de las fronteras a los capitales (en busca de intereses inmediatos) se ha hecho acompañar del cierre de las fronteras a millones de seres humanos que huyen del hambre, las nfermedades y la miseria; […] el drama de los refugiados y migrantes de los desarraigados en general sólo podrá ser eficazmente tratado en medio de un espíritu de verdadera solidaridad humana hacia las víctimas. En definitiva, sólo la firme determinación de reconstruir la comunidad internacional sobre la base de la solidaridad humana podrá llevar a la superación de las trágicas paradojas mencionadas [15]”.
Es responsabilidad de gobiernos y empresarios, de electores y elegidos, del sur y del norte, hacer que la evolución económica y la sofisticación tecnológica se traduzca en una mejor vida para cada ser humano, sin importar en dónde se encuentre.
Los líderes de países y empresas poderosos no pueden hacer caso omiso de las exigencias evidentes de un mundo en donde coexisten, con escalofriante «armonía», hambrunas y epidemias con la televisión satelital y los edificios «inteligentes». El llamado deber de cooperación entre los países cuya existencia innegable se afirma en algunos sectores académicos, la política y el derecho, y se rebate por algunos de los sectores empresariales y estatales más pudientes implica obligaciones solidarias no sólo entre países soberanos, sino también entre agencias gubernamentales, entes privados y personas humanas.
No se puede viajar de safari al África para cazar panteras, o al Amazonas para cazar lagartos, y al mismo tiempo ver morir de cólera y desesperanza a infantes y ancianos. El poderoso no puede pretender que, como si se tratara de animales fatalmente condenados a la sequía y el olvido, los hombres oprimidos no tuvieran un legítimo anhelo de huir hacia las tierras del «paraíso».
Para que las tierras relegadas dejen de mandar migrantes en busca de una economía mejor, es preciso que las florecientes o menos limitadas entiendan que se trata de un problema compartido y una obligación fundamental: la solidaridad. Y si el Derecho no sirve para acogerla y darle forma, entonces no sirve para nada.
Decía una sabia voz inglesa: «El Derecho constriñe, o es una farsa llamarle Derecho. El Derecho entra ecididamente a la voluntad de sus sujetos, o es una farsa llamarle Derecho. El Derecho trasciende el poder de los poderosos y transforma la situación del débil, o es una farsa llamarle Derecho. Un sistema jurídico que hace todo lo que puede para darle sentido al asesinato, el robo, la explotación, la opresión, el abuso del poder y la injusticia, perpetrados por las autoridades públicas en aras del interés público, es una perversión de sistema jurídico» [16] .
Hagamos votos para que nuestro sistema, doméstico e internacional, no sea tal.
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[1] Dicen los expertos que la globalización económica no es un fenómeno nuevo, sino cíclico. Ponen como ejemplo la fuerte interdependencia económica que existía a principios del siglo XX, que se prueba con la grave crisis mundial provocada por el famoso jueves negro neoyorkino, en 1929.
[2] Datos correspondientes al año 2000. Cfr. Kimon Valaskakis, «Westfalia II: Por un nuevo orden mundial» en Este País. México, septiembre 2001. p. 6.
[3] Cfr. Boletín de Prensa no. 169/02 del Instituto Nacional de Migración, de fecha 22 de mayo de 2002, visible en www.inami.gob.mx/Paginas/Noticias/Boletines/B-16902.htm
[4] Información obtenida del sitio electrónico http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html, consultado el 18 de julio de 2002.
[5] Cfr. Sitio electrónico del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fietab.html, consultada el 17 de julio de 2002.
[6] U.N. «Habitat Agenda and Istanbul Declaration». U.N. Nueva York, 1996. pp. 7-8. Citado en Antonio Augusto Canvado Trindade y Jaime Ruiz de Santiago. La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Costa Rica, 2001. p. 35.
[7] Datos de Imagen del 7 de mayo de 2002.
[8] Cfr. Encuesta Sigma 1992-2002, con datos del INEGI: censos generales de población y vivienda 1980, 1990, 2000 y Conteo 1995.
[9] Según cuentan los entendidos, entre los años 1750-1950 abandonaron las sobrecogedoras highlands escocesas algo así como un cuarto de millón de almas; se marcharon a Canadá, Australia o Nueva Zelanda.
[10] Cfr.Artículos 1 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y I del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
[11] Sin duda alguna, el deseo último de todo refugiado es regresar a su lugar de origen en condiciones de seguridad y bienestar; con esa meta en mente los organismos internacionales especializados en la materia enfocan sus esfuerzos. Por ejemplo, el ACNUR (quien administra la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados) tiene por objeto promocionar los derechos humanos básicos de los refugiados y la no repatriación contra su voluntad a un país donde sufran persecución. Cfr. www.acnur.org
[12] El contenido exacto de este deber, y sus implicaciones en los campos demográfico y socioeconómico del país receptor, se han ido delineando en la teoría y la práctica desde que en 1951 se adoptó la Convención de Ginebra. Poco a poco, los gobiernos han ido entendiendo las dimensiones del problema y en algunos casos, como en Dinamarca o Canadá (entre otros), existen ya de manera definida «cuotas de reubicación», es decir, cantidades de refugiados que serán admitidos de manera definitiva.
[13] Cfr. www.acnur.org, consultado el 18 de julio de 2002.
[14] Según lo mencionado en el sitio electrónico http://www.conapo.gob.mx/migracion_int/principal.html, consultado el 18 de julio de 2002.
[15] Cfr. Antonio Augusto Canvado Trindade y Jaime Ruiz de Santiago. Op. cit., pp. 30-33. Los autores son, respectivamente, el actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el jefe de misión del ACNUR en Varsovia, Polonia.
[16] Philip Allott. Eunomia. New Order for a New World. Oxford University Press. Reino Unido, 2001. 1ª edición en pasta blanda. p. XLVII. Traducción libre.
