Ciudadano del siglo XXI reconstruye la comunidad

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El siglo XXI nace con nuevos retos. Uno de ellos es el de la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Muchos son los factores para lograrlo —gobierno, empresas y asociaciones civiles—, pero uno resulta indispensable: la educación universitaria. Es desde el aula que se debe motivar al ciudadano a participar en la mejora del mundo en que vive.
El siglo XXI se nos apareció de golpe, seguramente no en 2000, sino quizá en 1989 cuando presenciamos la caída del Muro del Berlín y el fin de la Guerra Fría. O bien en 2001, tras el atentado al World Trade Center, que derrumbó y trastornó por completo el concepto de seguridad global. Este escenario ha resultado ser tan líquido como lo presagió Bauman, tan profuso en los riesgos globales como vaticinó Beck y tan escaso en el aplanamiento planetario como conjeturó Friedman.
Y frente a nuestros ojos, en los últimos 25 años, han aparecido carreteras de información digital y redes de comunicación instantáneas que generan una inimaginable contracción del espacio físico, y ensanchan las posibilidades del espacio público, de la ciudadanía digital y de redes sociales virtuales; situación que parece trazada por la pluma de Julio Verne, y que ni el mismo Negroponte imaginó en su Being Digital.
En dicha atmósfera de cambio destacan las diversas transformaciones de la interacción entre los ciudadanos y el fortalecimiento de entornos de colaboración. Ambos se unen desde el capital social y poseen un potencial de influencia directo, que no necesita de las instituciones tradicionales. Esto es un esbozo perceptible de una ciudadanía con mayúsculas, que engrandece el ya agotado rol que la circunscribe a la participación electoral.
 
¿QUÉ ES Y CÓMO OPERA EL CAPITAL SOCIAL?
El concepto de capital social es una herencia del siglo XX, surgió en el periodo de entreguerras y se consolidó en sus dos últimas décadas. Diversos autores generaron una nutritiva tensión en su definición, alcances, propósitos y complejidades. Desde una mirada inicial podemos referir al capital social como un conjunto de organizaciones, instituciones y normas que posibilitan vínculos estables de confianza, colaboración y reciprocidad, que tienden a producir bienes públicos, constituir grupos efectivos de gestión y administración de recursos, y reducir los costos en su interacción con otros actores.
El capital social se institucionaliza y perdura en el tiempo a partir de tres procesos formales: 1) las decisiones racionales, libres, informadas y conscientes de los miembros del grupo; 2) la socialización temprana de las normas relevantes para el mismo, y 3) la adaptación-evolución de las estrategias de acción del grupo.
Este concepto también posibilita beneficios a sus poseedores y se construye, nutre y transforma desde las relaciones entre los miembros del grupo. Para el sociólogo Pierre Bourdieu,1 hay tres tipos de capital: económico, cultural y social; el primero es el más determinante. Advierte que no todos los integrantes comparten el mismo capital social y por tanto existen relaciones asimétricas entre sus integrantes y una tensión creciente cuando hay una debilidad en los vínculos entre ricos y pobres en el interior de un espacio social.
La fuerza del capital social radica en su capacidad de acción-transformación y fuerza al gestionar. Sus principales potencias parten de una amplia gama que incluye su capacidad de influencia en las decisiones legislativas y de gobierno, en ser un visor ciudadano del cumplimiento de los derechos humanos, en la promoción de los bienes y espacios creativos comunes y sustentables, en su capacidad como entidad garante de la rendición de cuentas de los recursos públicos, y especialmente, en su potencialidad de construir redes de actores que favorezcan el empoderamiento. Todas éstas aparecen como avenidas en las que transita el ciudadano del siglo XX.
La consolidación del capital social está influida por múltiples factores internos y externos que inciden en su formación, solidez o debilidad. Así, su capacidad para actuar y transformar no puede aislarse ni ser ajena al resto de los actores que dan forma al devenir social, especialmente el gobierno, la empresa y la universidad, triada necesaria en la consolidación de modelos incluyentes para el desarrollo, de largo aliento, horizontales y fundados en la solidaridad y la justicia distributiva.
 
DISEÑO Y USO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
El capital social trae beneficios tangibles al incidir en el diseño e implementación de políticas públicas. Potencia el alcance y pertinencia de los servicios públicos a partir de tres directrices: fortalecer la participación comunitaria; vincular la asociación comunitaria entre los ciudadanos y sus gobiernos, y ampliar las redes de negociación-acción con otros actores como la empresa, la universidad y otros grupos de la sociedad civil.2
Involucrar el capital social con actores decisivos de la comunidad,3 trae mejoras en materia de logro educativo, combate a la pobreza, prevención de enfermedades, capacitación para el empleo y otros temas decisivos para el desarrollo económico de las comunidades y el fortalecimiento de su capital social.
 
Power to the people o empoderamiento ciudadano
Al igual que el concepto de capital social, la propia definición de empoderamiento involucra problemas conceptuales y estructurales; sin embargo, todos coinciden con la definición básica que establecen Rödel, Frankenberg y Dubiel4 como un «dispositivo simbólico mediante el que una colectividad adquiere consciencia de sí misma».
El concepto difiere de la visión tradicional de la acción pública asistencialista donde la sociedad es únicamente receptora de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno. El empoderamiento transforma la visión paternalista del desarrollo a fin de potenciarla como un modelo de generación, aprehensión y responsabilidad compartida. En otras palabras, se incide en que la comunidad sea partícipe principal en el diseño de modelos para el desarrollo que les sean pertinentes.
Las condiciones indispensables para su puesta en marcha requieren de lo siguiente:
 
1.         Crear espacios institucionales que favorezcan la participación en la acción pública de los sectores tradicionalmente excluidos.
2.         Fomentar modelos de organización y saberes instrumentales que permitan que la participación incluyente se lleve a cabo.
3. Delegar en la colectividad las capacidades requeridas y la toma de decisiones indispensables en una relación horizontal.
4. Proveer de los recursos materiales, técnicos, de gestión y supervisión indispensables para favorecer el empoderamiento.5
 
Gita Sen6 menciona dos condiciones para que el empoderamiento florezca. En primer lugar, es necesario que los miembros de la sociedad hagan consciencia de las razones prácticas de su estado de desarrollo actual. Si este proceso no se hace sólido en el grupo, es posible que pronto caigan en el espejismo de haber cumplido su propósito, al atacar los efectos y no las causas.
Un ejemplo común está en los programas asistenciales. Un empoderamiento inicial para gestionar satisfactores que palien la pobreza puede perder ímpetu una vez que éstos se reciben y se estime cumplido el propósito. Una claridad de consciencia permitiría a la colectividad comprender que las condiciones causales no se modificarán mientras no se creen suficientes programas productivos y de infraestructura que les permita aumentar su capital material y por ende disminuir los niveles de marginación.
En segundo lugar, Gita Sen establece la necesidad de incrementar el control sobre los recursos materiales, aspecto necesario para asegurar el equilibrio en la justicia distributiva y en la capacidad real de gestión. Una comunidad empoderada que no pueda tomar decisiones sobre el destino de los recursos a su alcance, convierte a sus miembros en destinatarios mudos, sordos y ciegos que reciben los «beneficios» que alguien ajeno decidió que serían la solución a sus problemas.
 
LA UNIVERSIDAD, SEMILLERO DE RESPUESTAS
La universidad tiene la función social de generar respuestas y alternativas a las necesidades de la sociedad. Tres razones que avalan esta tesis:
En primera instancia, en la definición de un currículum sensible al sentido humano profundo, al compromiso cívico y democrático, al aprendizaje y a la formación de competencias que permitan a los futuros egresados incidir en la transformación profunda del actual estado de inequidad. La universidad debe asegurarse que, de manera intencional y transversal, los alumnos se formen a través de una serie de asignaturas, actividades diversas y experiencias vivenciales orientadas a la formación de competencias éticas y ciudadanas.
Esta gama extendida es fundamental en la formación integral de los estudiantes y en el compromiso futuro del desarrollo local, regional y nacional. Los estudiantes universitarios de escuelas públicas y privadas son un grupo privilegiado en comparación con el porcentaje de jóvenes que carecen de dicho acceso. Tal condición los hace deudores solidarios de una hipoteca social en la que todos, y no únicamente el gobierno, tenemos responsabilidad en revertir.
En segundo lugar, establecer programas profundos de servicio social y comunitario para crear una vinculación efectiva del estudiante con las otras realidades y necesidades que persisten al exterior de las paredes de la universidad, así como motivarlo a participar individual y colectivamente en la transformación de su entorno. El vínculo de los alumnos con su entorno es más que planeación, administración o evaluación de proyectos. El servicio social debe proteger su característica central comunitaria. Todas son etapas indispensables, aunque no sustituyen la experiencia de campo en el que los proyectos se viven y se interiorizan las necesidades y expectativas de una comunidad real y no imaginaria. De otra forma será difícil, desde la teoría, adquirir el compromiso de fortalecer el interés colectivo sobre la perspectiva individualista del logro.
Y tercero, la universidad tiene un papel importante en el fortalecimiento del capital social y el empoderamiento de las comunidades, también es intermediaria entre actores en los procesos de empoderamiento de las comunidades. Las formas de participación deben, desde luego, generar propuestas, ser copartícipes de la implementación inicial y mediadoras entre la comunidad y otros actores sociales. La universidad debe evitar que su participación reproduzca los roles tradicionales del asistencialismo, suponiendo que tales propuestas se tornarán en soluciones homogéneas e infalibles. Esta forma de participación genera resultados cada vez más exiguos e irrespetuosos.
Por el contrario, la participación académica debe construirse en flujos de conocimiento multidireccionales, incluyentes, contextuales, ser co-creadora de conocimiento y portadora de una visión de innovación social.
En tiempos en que el conocimiento está en todos lados de forma instantánea y, en algunas partes, gratuito, la función más relevante de la universidad no está en transmitirlo, ni tampoco en la enseñanza técnica o en el hacer, sino en el proceso integral de formación que implica para qué y para quién conocer y hacer, pero especialmente en el saber ser y su rol en la transformación de las vidas de otros.
No basta con ofrecer soluciones para los otros. Es necesario construir soluciones con los otros, a partir del consenso entre los actores involucrados, prevaleciendo desde luego, el interés y el bien de la comunidad.
 
Notas finales
1 Pierre Bourdieu, The Forms of Capital, en Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York 1985.
2 John Durston, ¿Qué es el capital social comunitario? CEPAL. Santiago de Chile, 2000.
3 No siempre los grupos beneficiados son miembros permanentes de la comunidad. Por citar ejemplos, en proyectos de mejora educativa o de servicios de salud, algunos de los actores fundamentales son maestros, médicos, empleados, etcétera, que no forman parte de la comunidad pero sí participan en ella.
4 Ulrich Rödel, Günter Frankenberg y Helmut Dubiel, La cuestión democrática. Huerga y Fierro Editores. Madrid, España. 1987.
5 Ibid.
 
6 Gita Sen. Empowerment as an Approach to Poverty. Documento para el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2007.
 

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