Una economía de la hospitalidad

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1895

La evidencia de que el crecimiento económico no resuelve automáticamente la redistribución de la riqueza ha hecho patente nuestra carencia de referencias éticas para articular la solidaridad. La sociedad muestra, con obscena desnudez, que la economía produce exclusiones que no acertamos a comprender ni corregir.
El aumento de desempleo y la aparición de nuevos modos de pobreza han adquirido dimensiones y formas inéditas; estas formas actuales de exclusión no pueden entenderse con las categorías tradicionales de explotación, pues suponen una exclusión radical y una inclusión precaria, en tanto que la condición salarial de muchos es inestable.
Han surgido así dos problemas especialmente graves: la disgregación de los principios organizadores de la solidaridad y el fracaso de la concepción tradicional de los derechos sociales a la hora de ofrecer un cuadro satisfactorio para pensar la situación de los excluidos.
Ante las fracturas sociales ya no se trata de relegitimizar al Estado; la intervención pública ha recuperado toda su justificación. El problema es cómo asegurar la cohesión social.
Para entender y actuar en esta situación no vale la teoría de la crisis del Estado providencia, que no se ha adaptado a las nuevas realidades. El eje del debate no es la oposición entre lo público y lo privado. Más allá de los problemas de financiación y las disfuncionalidades, son los principios organizadores de la solidaridad los que están en el centro de la nueva cuestión social.
La convergencia de lo económico y lo social no es automática. La pobreza actual resulta especialmente insólita porque finaliza decenios de aparente homogeneización de la sociedad impulsada por el irreversible crecimiento económico.
Superar la crisis de empleo sólo depende de un trabajo de la sociedad sobre ella misma, de modificar comportamientos y funcionamientos sociales que desbordan lo económico en sentido estricto y que he englobado aquí bajo el término genérico de hospitalidad.
Y es que las discusiones sobre el reparto del trabajo y otras de naturaleza semejante han puesto sobre la mesa un problema que puede traducirse, prescindiendo de la jerga económica, en la vieja pregunta acerca de si son todos los que están y están todos los que son. La metáfora que podría ilustrar nuestras dificultades es la de cómo pasar de un taller de reparaciones sociales a una economía de la hospitalidad.

ESTADO DE BIENESTAR EN CRISIS

Habría que explorar las posibilidades de un nuevo derecho a la inserción, algo así como una hospitalidad económica; la descortesía en el plano de las relaciones personales tiene su trasposición económica en el fenómeno de exclusión sistemática de los desempleados.Esta exclusión plantea algunas dificultades teóricas:1.

  1. El enfoque estadístico es inadecuado para comprenderla. Los excluidos no forman una categoría ni pueden ser objeto de una acción social concreta, su situación se define por una carencia. No constituyen una fuerza o clase social. Serían como una «no-clase» o un grupo virtual.
  2. De ahí que estos grupos sean «irrepresentables»: no pueden tener portavoz o delegados.
  3. Como la idea tradicional de representación consiste en derivar un órgano político de la estructura social y presupone una sociología implícita, no hay sindicatos de desempleados y han fracasado todos los intentos de transformarlos en una fuerza colectiva. El sindicalismo convencional defiende los intereses de sujetos incluidos en el mundo laboral, intereses que a veces chocan con los de quienes pretenden acceder a ese mundo.

A su vez, la exclusión social plantea problemas prácticos específicos, que pueden entenderse por contraste con el funcionamiento de una sociedad de inserción laboral plena. La legitimidad política del orden mercantil descansaba en el hecho de que todos pueden encontrar en él un lugar gracias a su trabajo. Esto no quiere decir que todos lo consiguieran, pero, salvo imposibilidad física, este obstáculo circunstancial se debía a una crisis coyuntural al insuficiente desarrollo del mercado de trabajo, a la dificultad de desplazarse, no a una adaptación insuficiente a las exigencias de la producción.
La situación actual es muy diferente: la estructura del mercado laboral amenaza con una descualificación social duradera de amplias categorías de individuos normales, cuyos mecanismos están ligados a las mutaciones económicas recientes; así, el desarrollo de la exclusión económica está listo para convertirse en una situación estable y no una disfunción pasajera del desarrollo económico.
No es consecuencia del desequilibrio global entre oferta y demanda. Que el crecimiento no mejora la situación de los excluidos muestra que una parte de la población en edad de trabajar está en los márgenes del sistema productivo. A la visión clásica del desempleo como consecuencia de un desequilibrio económico se opone la imagen de una crisis difusa de los mecanismos de integración por el trabajo.

SEGUROS DE DESEMPLEO Y SOLIDARIDAD

La concepción tradicional de los derechos sociales como compensaciones de una disfunción pasajera enfermedad o paro de corta duración, es insuficiente en un contexto de desempleo masivo y exclusión creciente. Esta visión fue concebida para tratar las desventajas como riesgos coyunturales, no para sanar situaciones más estables.
Por eso asistimos a una perversa espiral de autodestrucción de la solidaridad: para indemnizar el desempleo los poderes públicos gravan los costos del trabajo, lo que implica su reducción. Hay una ruptura total entre indemnización e inserción.
Para escapar a este dilema deben distinguirse aseguración una técnica y solidaridad un valor, sin que esto suponga considerarlas antitéticas (la aseguración es también un modo de producir solidaridad;sin embargo, la cuestión no debe limitarse a un razonamiento económico.
Aunque las prestaciones sociales constituyen una expresión del vínculo social y testimonian una forma de igualdad, en el fondo refuerzan la lógica individualista. La reparación económica sustituye al ejercicio político de la solidaridad y de este modo la justicia sólo es entendida en términos de compensación y reparación.
Si la redistribución social es asunto meramente económico y la comunidad política una sociedad de reparación generalizada, el protagonista no es el ciudadano, sino la víctima. Así, es natural buscar hacerse digno de indemnización: que me reconozcan como paria apaleado, no como ciudadano libre.
Este tipo de asistencia social cae en una lógica de reparación caritativa difícilmente compatible con nuestro sentido de la dignidad humana y ajena a un vínculo social que implica derechos y deberes.
Desde los años treinta, la idea de derecho al trabajo se ha disuelto progresivamente en la perspectiva keynesiana de políticas públicas de estimulación de la actividad económica.
Quizá enfrentamos una nueva exigencia social: mantener la inserción laboral como piedra angular de la lucha contra la exclusión.
Pertenecer a una sociedad no sólo implica ser solidario, supone un principio más radical de utilidad recíproca que vincula a sus miembros; reconocer la utilidad social es más importante que recibir una indemnización económica. Precisamente, el empleo concilia autonomía personal e integración social. Sin él desaparece un vector del propio reconocimiento y una experiencia de cooperación.
El derecho a la inserción mediante el trabajo es más que un derecho social clásico paternalista, pues la protección implicaba dependencia, considera a los individuos ciudadanos activos y no sólo personas a quienes asistir. Al articular auxilio económico y participación social, la noción de inserción contribuye a definir un derecho muy propio de la democracia y obliga también a reconsiderar los principios organizadores de la sociedad actual.

LA NUEVA EQUIDAD

La sociedad debe ser un espacio acordado de redistribución, configurado sobre el reconocimiento de una deuda mutua. La tarea de la política es mantener en forma el vínculo social, hacerlo visible y práctico.
Las distinciones simples entre sanos y enfermos, trabajadores y desempleados, activos y jubilados, presuponían que todos corrían riesgos iguales. El principio implícito de justicia que sostenía al Estado providencia consistía en que los riesgos se repartían por igual y de forma aleatoria, pero lo social ya no puede entenderse únicamente en términos de riesgo. Los fenómenos de exclusión son frecuentemente situaciones estables.
El Estado providencia funcionaba bajo lo que Rawls ha llamado «velo de ignorancia» [1]: todos podían considerarse solidarios según se percibían como un grupo afectado por riesgos relativamente homogéneos. Esto deja de ser así cuando, al conocer mejor sus diferencias, la sociedad modifica sensiblemente la percepción de lo justo y lo injusto, y pone a prueba los fundamentos del contrato social.
El principio de diferencia las desigualdades sólo son aceptables cuando pueden beneficiar a los más desfavorecidos está formulado sin conocimiento de sus destinatarios. Los individuos lo adoptan porque prevén que quizás sean ellos los menos favorecidos. ¿Pero qué pasa si sabemos quiénes son ricos y pobres? Se puede dudar de la adopción lógica y automática del principio. Lo procedimental es insuficiente y los individuos son directamente apelados a su sentido de responsabilidad.
Cuando se multiplican las informaciones disponibles sobre los individuos, se pone en marcha una dinámica de insolidaridad: la información alimenta la diferenciación. Si yo sé que me beneficiaré menos que otros de la jubilación, ¿por qué aceptaré cotizar igual que ellos? La información es el gran alimento de la protesta social, en tanto que aumenta las posibilidades de conocer la propia situación y compararla con otras.
El desarrollo del Estado de bienestar y su crisis manifiestan que la solidaridad no se deriva de un principio procedimental, apolítico, sino que requiere un tratamiento diferenciado de los individuos, político y circunstancial.
Esto no significa que seamos más egoístas, sino que los procedimientos de expresión de solidaridad son más abstractos y mecánicos, incapaces de tramitar un interés común. El Estado ha enmascarado las relaciones y generado una irresponsabilidad difusa y ciega frente a las consecuencias sociales de los propios actos.
La redistribución financiera hecha por el Estado, por ejemplo, es algo totalmente desconectado de las relaciones sociales sobre las que debe sustentarse. Pocos conocen el importe real de las cotizaciones sociales ligadas a su sueldo (la noción de salario bruto carece de sentido) y el IVA es «indoloro», los consumidores apenas aprecian el esfuerzo que les supone; sólo el impuesto sobre la renta da lugar a una exacción claramente perceptible por los interesados.
No tenemos ningún medio para conocer las relaciones entre las contribuciones individuales y su utilización colectiva. El Estado es un intermediario que oscurece las relaciones sociales y recubre la solidaridad real con mecanismos anónimos e impersonales, de tal modo que ésta deja de percibirse.

IRRESPONSABILIDAD GENERALIZADA

De todo lo anterior resulta una irresponsabilidad generalizada. Pensamos que salarios, precios, beneficios, impuestos y cotizaciones son indiferentes a las relaciones sociales. Durante mucho tiempo, la sociedad aseguradora realizó una socialización de la responsabilidad que sustituía la imputación de las faltas por un régimen de indemnización.
Así, los mecanismos de producción de solidaridad han llegado a ser abstractos, formales, ilegibles. Es necesario un mínimo de visibilidad en las relaciones sociales frente a la insistencia de Rawls sobre la conveniencia de hacer de la sociedad algo opaco.
Al aumentar la transparencia social, las necesidades y aspiraciones emergen de forma más localizada. La solidaridad no puede basarse sólo en reglas y procedimientos, necesita una dimensión voluntaria.
El Estado sería mejor aceptado si sus mecanismos fueran explícitos para todos [2]. Este esfuerzo por la verdad, no exento de riesgos, obliga a observar todo lo que rechazan o ignoran los modelos macroeconómicos: pequeños privilegios, extrema heterogeneidad de la condición salarial, falta de equidad fiscal.
Y aunque la transparencia tenga un costo engendra tensiones y conflictos el ideal democrático no consiste en negar o ignorar esos conflictos, sino en hacerlos productivos. La democracia es una forma polémica de vida en común, la producción de normas negociadas que no alcanzan el estatuto abstracto y definitivo que Rawls pretende.
Parece necesario una especie de nuevo contrato intergeneracional que amplíe la forma en que pensamos la equidad. A la idea simple de reducción de las desigualdades reducción instantánea de las disparidades salariales se suman poco a poco las de equidad intergeneracional o nueva igualdad de oportunidades. Este planteamiento escapa de la mera racionalidad económica e incluye una dimensión política sobre la que ha de articularse la discusión pública.

NUEVOS PARÁMETROS DE DESIGUALDAD

Integrar a los obreros en el capitalismo ha supuesto compromisos y una progresiva socialización de las relaciones profesionales. De la simple explotación y dominación, la relación salarial se ha integrado a la sociedad. En cierta medida, un movimiento inverso marca la historia social reciente. Los empresarios reclamaron y lograron una gestión más libre de la mano de obra.
La flexibilización del mercado laboral ha favorecido cierta movilidad a cambio de la debilitación de los vínculos sociales, como lealtad, responsabilidad o cohesión. La desreglamentación social reviste una multitud de formas: desde las ilegales trabajo clandestino, falsa jubilación hasta la fragilidad general del trabajo englobada en el término «precarización».
Estos procesos muestran que la sinergia entre el desarrollo económico y el social no es evidente; incluso que el crecimiento ingobernado de la economía destruye el tejido social de igual modo que degrada el entorno natural.
Entonces, los actuales conflictos sociales se establecen sobre nuevos parámetros de desigualdad. En las sociedades industriales, la estandarización socioprofesional e implicación en el trabajo eran factor de integración. Al finalizar la lucha de clases principal amenaza de la cohesión, los conflictos sociales, sin contenido ideológico y de difícil traducción política, se atomizan. El aumento de la exclusión social es consecuencia de la segmentación y pérdida de identidad de la clase obrera.
Esta sociedad se caracteriza por una mayor indeterminación social de las relaciones de producción: mientras que la lógica económica industrial estructuraba las relaciones sociales, ahora son normas culturales las que fijan el significado social y condicionan su desarrollo.
Los indicadores económicos en general, y la competitividad en particular, no deben considerarse representativos del desarrollo social. Paralelamente al salario y a la estabilidad del contrato de trabajo, la realidad de las condiciones laborales está constituida de igual modo por multitud de ventajas raramente recogidas en las estadísticas.
Aunque todos seamos iguales, trabajar en una gran empresa asegura de facto el derecho a ser mejor defendido por los sindicatos y beneficiarse en materia de condiciones y duración del trabajo, protección social, formación permanente, etcétera.
El agravamiento de las diferencias es consecuencia inevitable del debilitamiento sindical y de que las negociaciones sociales se han desplazado hacia las empresas. Al mismo tiempo, la debilidad del Estado de bienestar hará que ciertas fuerzas sindicales en posición más estratégica aún negocien contratos de trabajo.Iremos hacia una sociedad bastarda donde el reforzamiento de los mecanismos del mercado coexistirá con la pervivencia de formas estatistas rígidas y el desarrollo de una corporativización social parcial.
Si las relaciones económicas y sociales dejaran de pensarse sobre el modelo de resistencia patológica de la segunda a la primera, la crisis del empleo podría verse como desorden de ambas o, más exactamente, de su articulación.

ESFERAS PÚBLICA Y PRIVADA, ¿INDEPENDIENTES?

Primera exigencia de esta revisión es relativizar la oposición entre lo público y lo privado, ya insostenible por muchos motivos. Considerar, por ejemplo, que lo privado es el ámbito del don y la gratuidad de la hospitalidad es tan ingenuo como pensar que en el espacio íntimo del hogar no hay obligaciones fundadas por el derecho.
Probablemente sea esa consideración asocial de las relaciones interpersonales una causa de su creciente fragilidad. Pero también es válido lo inverso: la gratuidad nunca está completamente ausente de las relaciones humanas. La economía no se reduce a lo instrumental y el contrato no elimina la dimensión «doméstica» de la relación laboral.
La lógica del mercado se distancia de otras formas de actividad económica. Un ejemplo es suficiente: el análisis macroeconómico no toma en cuenta los servicios que supone el trabajo doméstico, en la medida en que no dan lugar a intercambios monetarios. Es decir, si cada uno fuera a hacer el trabajo doméstico a casa de su vecino, el PIB aumentaría 50% [3] .
Esta paradoja no es casual, refleja lo que se valora desde el origen de la revolución industrial y la instauración de la economía de mercado: el trabajo remunerado inscrito en el desarrollo de la división del trabajo y que aumenta la productividad y riqueza.
Simultáneamente, las formas de solidaridad estatal no compensan los efectos de la atomización social. La alternativa a esa dinámica perversa entre individualismo y demanda de Estado debe tener una dimensión societaria: hacer una sociedad civil más densa y desarrollar espacios de intercambio y solidaridad que puedan insertarse en su seno, que no se proyecten sobre los polos exclusivos del mercado y del Estado.
La única forma de reducir, sin retroceder, la demanda de Estado es sustituir lo estatal por lo social. Pero mientras las fronteras entre Estado y sociedad público y privado permanezcan rígidas, estaremos condenados a pagar un precio creciente por un Estado con prestaciones comparativamente decrecientes.
La otra frontera que debe relativizarse es la que separa economía y sociedad, cuyas lógicas no son antagónicas. De cierta manera, todo es distribución en el funcionamiento económico y social. No existen movimientos ordinarios de un lado y redistribución de otro.
Es equivocado pensar que el rendimiento económico a largo plazo de las pensiones de jubilación sea únicamente función de las decisiones del inversor. Si invierto a 50 años, mis decisiones no determinarán el resultado de la inversión, sino la actividad económica de las generaciones futuras.
El Estado compone y descompone lo social, fortalece o debilita las relaciones entre los individuos. Las políticas públicas también deben afirmar valores y dar cuerpo a las aspiraciones públicas, ser vectores de movilización social, mantener una imagen de la vida buena común.
La política se niega a sí misma si renuncia a indicar un objetivo a la sociedad. Aunque estén agotadas como instrumentos de expansión del Estado providencia, las políticas sociales deben movilizar los agentes sociales y modificar la sensibilidad pública respecto al problema de la exclusión social.
Si no conduce a un debate público sobre las contradicciones éticas y culturales del desarrollo económico, el diálogo entre economía y ética sólo será una retórica de la virtud en la gestión empresarial o de piadosas banalidades. El discurso ético no sustituye la discusión política sobre las condiciones de justicia social.

SOCIALIZAR LA ECONOMÍA

Desde que ya no existe la coherencia feliz entre lo económico y lo social, el tratamiento separado de las cuestiones de cohesión social y empleo no puede originar otra cosa que efectos perversos.
Es necesario pasar de un tratamiento social del desempleo a un tratamiento social de la economía: englobar lo económico en una política de cohesión social. Sería una economía cívica, ciudadana, sin pretensión de autonomía frente a lo cultural y lo político. Evidentemente, pasar de la política económica centralista a la economía política sobrepasa los reflejos caritativos y se sitúa en la ética pública.
Muchas políticas sociales se equivocan al no modificar el reparto del territorio que está en el origen de los problemas que pretenden resolver. Algunas ideas bienintencionadas el basic income o la allocation universelle reposan en ocultar la realidad social, diluyen la culpabilidad y permiten que las cosas no cambien.
Así, el desempleo parece una calamidad natural y el salario social un seguro contra la desgracia. Se naturaliza en vez de politizarse. Confundir aseguramiento y solidaridad mantiene la lógica individualista del sistema de protección social.
El problema de fondo radica en disociar lo económico y lo social la eficacia y la solidaridad como esferas absolutamente separadas, y configurar una lógica del rendimiento económico individual sin responsabilidades sociales y una organización estatal destinada a corregir los costos sociales del mercado.
El Estado providencia asumió todos los dispositivos de protección social implícita que estaban diseminados en el sistema productivo. Un buen número de trabajadores menos eficientes o poco cualificados que antes estaban integrados en las empresas se han convertido ahora en desempleados indemnizados. La verdadera cuestión es cómo producir efectos equivalentes a este antiguo modo de acoplamiento de lo social en lo económico. El objetivo sería encontrar la manera moderna de internalizar lo social a fin de hacer compatible la modernización económica y el fortalecimiento del tejido social. En otros términos: cómo pasar de una sociedad de indemnización a una de inserción, de una lógica de reparación de daños a una acción sobre la materia misma de lo social.
El verdadero problema está en el tejido social y no sólo en el tratamiento de las disfunciones o el modo de gestión del gasto público. Solamente la reintegración de los individuos en la esfera del trabajo puede romper el paradójico círculo vicioso: la solución a un problema la indemnización del desempleado agrava ese mismo problema.
Disociar lo económico y lo social también acentúa la separación entre ciudadano miembro de la colectividad y trabajador miembro de la sociedad civil. Las alternativas son bien conocidas: las sociedades liberales se rigen por la lógica de asalariar la exclusión, mientras que el sistema estatista establece derechos sociales sin ciudadanía.
A pesar de su amplitud, los límites de la intervención pública en el funcionamiento del mercado del empleo son patentes. Además de reactivar las viejas recetas keynesianas, las políticas sociales deberían entenderse como políticas de cambio cultural y apuntar al vínculo social en cuanto tal.
Urge establecer los derechos sociales como derechos de ciudadanía, suavizando así la contraposición entre lo político y lo económico. La tarea del Estado consistiría en favorecer la integración de la economía en el desarrollo político y cultural de las sociedades.
____________________________

[1] John RAWLS. Una teoría de la justicia. FCE. México, 1979.

[2] Pierre ROSANVALLON. La crise de l’État-providence. Seuil. París, 1981. p. 125.
[3] A. CHADEAU y A. FOUQUET. «Peut-non mesurer le travail domestique?» en Économie et Statistiques. no. 136. 1981.

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